El Gobierno se prepara para impulsar la armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre las comunidades autónomas, uno de los tributos que más peleas suscita entre gobiernos regionales por las diferencias abismales en cuanto a tipos y bonificaciones. Así lo hará saber este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el seno del Consejo de Política Fiscal, después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz.
Montero se servirá, además, del documento que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo llegar a las regiones con los consensos y desacuerdos en materia de financiación autonómica. «Se considera deseable, en línea con lo argumentado por la Comisión de Expertos y respaldado ampliamente en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se trate de avanzar en la coordinación fiscal entre las CCAA a través del impulso de una armonización de la normativa tributaria», señala el citado informe, conocido el pasado 22 de mayo.
El de Sucesiones y Donaciones es un tributo cedido al 100% a las autonomías, y el Ejecutivo no pretende en ningún caso imponer una decisión. Tendrá que producirse con suficiente consenso, hecho improbable. Madrid, con las mayores bonificaciones en el tributo, y Canarias, con el gravamen más bajo de toda España, se van a oponer fieramente a renunciar a su capacidad de gestión del mismo.
Por determinar aún, la posición que adopten Andalucía, Extremadura y Aragón, que han rebajado el tributo con intensidad este mismo año y que podrían reclamar la igualdad en el tributo con menor ahínco que hace un tiempo, cuando denunciaban la política «desleal» del Gobierno madrileño.